La censura teatral en democracia y otras censuras
Juan A. Ríos Carratalá
Página 4
Al margen de los limitados efectos a corto plazo, estas actuaciones censoras continúan en democracia porque la reacción en contra se circunscribe a las minorías irreductibles de los abajo firmantes, en el peor de los casos apenas supondrían un hipotético coste electoral en las propias filas y, sobre todo, representan un aviso para caminantes que casi nunca resulta ignorado en los medios de las artes escénicas. El éxito de los censores de nuevo cuño no radica en las prohibiciones puntuales, sino en crear un clima de temor o incomodidad en donde los creadores, las productoras, las compañías, los programadores… deben moverse con la lógica precaución.
Las razones para mantener esa precavida actitud abundan. De las noticias arriba indicadas apenas se derivaron consecuencias prácticas. Incluso algunas obras alcanzaron mayor nombradía por haber sido temporalmente censuradas. No obstante, ese goteo censor cala en la mente de los citados profesionales. Al final, hay proyectos olvidados o postergados, tratamientos ajenos a cualquier posible provocación y una comprensible voluntad de evitar problemas. Los mismos no suelen acarrear cárcel o multas inasumibles tras casi cincuenta años de democracia, pero dificultan la trayectoria profesional de quienes se dedican a las artes escénicas. Ahí radica el verdadero éxito de quienes censuran sin voluntad aparente de ser censores: delimitan el marco de la libertad de expresión con la conciencia de que los creadores dispuestos a ampliarlo, asumiendo el consiguiente riesgo, forman una minoría. El resto se amolda sin necesidad de pasar por una consciente autocensura.
Si estas circunstancias que afectan a la libertad de expresión y creación artística todavía son habituales tras tantos años de democracia, resulta fácil imaginar el calvario que las artes escénicas sufrieron durante la Transición en el caso de apostar por la heterodoxia o la innovación transgresora en algún aspecto conflictivo. Ofendidos y censores analiza varios ejemplos menores, de los olvidados por su pequeñez, pero que resultan significativos en el marco de una lucha por las libertades con protagonistas tan múltiples como a veces inesperados. Frente a ellos, el poder ejecutivo tuvo numerosas actuaciones coercitivas por una impronta autoritaria cuyo origen parece fácil de establecer. No obstante, el verdadero problema residía en el judicial, donde hubo avances para acomodarse a la evolución de los tiempos. Negarlo sería absurdo, pero en los juzgados la libertad de expresión todavía gozaba de un margen estrecho que fue preciso ensanchar afrontando el riesgo de procesos, condenas y multas capaces de quebrar voluntades creativas. Al menos, cabía rescatar la memoria de quienes padecieron esa persecución judicial por motivos que ahora, al cabo de unas pocas décadas, nos asombran porque preferimos imaginar un pasado menos negro.
El consejo de guerra de Els Joglars
El 1 de septiembre de 2005, Albert Boadella estrenó La torna de La Torna en el teatro Romea de Barcelona, tras algunas representaciones iniciadas el 25 de junio en Reus. La elección de la localidad tarraconense no fue casual, pues allí comenzaron en noviembre de 1977 las actuaciones judiciales que culminarían en un consejo de guerra capaz de marcar un hito en la lucha por la libertad de expresión durante la Transición. La obra interpretada por alumnos del Institut del Teatre, junto con algunos profesionales, permaneció sin problemas durante varias semanas en la cartelera de la capital catalana y poco después inició una gira, que finalizó el 4 de junio de 2006. El balance quedó registrado con la letra menuda de tantas puestas en escena. Ahora podemos ver una grabación de aquellas representaciones en el catálogo del Centro de Documentación Teatral, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura. El material audiovisual está a disposición de los investigadores y docentes relacionados con la historia del teatro, que también pueden consultar el archivo de los actores Ferrán Rañé y Andreu Solsona. El mismo fue cedido en 2017 al Institut del Teatre para su digitalización y consulta por parte de los interesados en el procesamiento de los miembros de Els Joglars. La Transición, a estas alturas, ya forma parte de las materias históricas con sus correspondientes archivos y fuentes documentales (Fig. 10).
El tiempo modifica la percepción de cualquier acontecimiento del pasado. Al estudiar en Ofendidos y censores el consejo de guerra por las representaciones de La torna, una obra que apenas me interesó cuando la vi antes de su prohibición en otra región militar, el asombro se mezcló con lo absurdo y hasta estrafalario. La consiguiente sensación de extrañeza se repitió en otros episodios de aquella lucha por la libertad de expresión analizada en el citado libro. El mismo Albert Boadella junto con Els Joglars protagonizó un larguísimo periplo judicial con motivo de las denuncias presentadas a raíz de las representaciones de Teledeum (1983), que tampoco me interesó como espectador (Fig. 11). Al igual que sucediera con el consejo de guerra, su crónica pronto deriva en un episodio berlanguiano donde la participación de Rafael Azcona parece imprescindible.
La impronta berlanguiana también caracteriza el análisis de las historias de un fiscal general del Estado empeñado en perseguir a unas deslenguadas muchachas vascas, un juez dispuesto a prohibir un documental sobre el Rocío porque un testigo recuerda la represión de la posguerra, unos militares incapaces de asumir que el proceso por el crimen de Cuenca fue un bochornoso fiasco, unos concejales ofendidos por la existencia de un “libro rojo del cole” en las bibliotecas madrileñas, un Tribunal Supremo puntilloso en su jurisprudencia sobre la aparición del bikini en las portadas de las revistas… Y así hasta completar el conjunto de episodios analizados en un libro cuya redacción requirió el conocimiento de conflictos que, al cabo de los años, parecen absurdos, innecesarios y hasta risibles, como el protagonizado por un policía local que retiró de un escaparate la imagen de la maja goyesca para que no provocara reacciones libidinosas entre la juventud cacereña.
El problema radica en que lo absurdo, para algunos, resultó trágico o dramático. La prueba está en las víctimas de las bombas estalladas en las sedes de distintos medios de comunicación y librerías, la pareja adolescente procesada por escandalizar a un juez con sus “efusiones eróticas” que terminaron con el suicidio del muchacho encarcelado, el joven asesinado por no llevar corbata en un baile municipal, los intérpretes encarcelados por recrear en los escenarios una barbarie –la ejecución de Heinz Chez– corroborada por los historiadores, la vedette procesada y multada por exhibir su cuerpo para reivindicar una sexualidad desinhibida, los periodistas encarcelados por trasladar a la prensa lo sucedido en la calle… La lista de las víctimas de aquella lucha por la libertad de expresión en diferentes ámbitos no admite bromas, aunque el recuerdo de los conflictos precise del humor y la ironía para evitar el absurdo de quienes hicieron alardes de autoritarismo e intolerancia con el objetivo de limitar la libertad en la naciente democracia. El general Franco había fallecido en 1975, pero el franquismo seguía vivo una década después.
Frente a la censura, sea la legal respaldada por una dictadura o la tácita mantenida con diversas coartadas legales y administrativas, solo cabe la denuncia del autoritarismo y, por el contrario, la práctica de la tolerancia, que nunca prevé la posibilidad de sentirse ofendido para actuar a continuación como un censor. Esta opción supone un error, aunque se actúe en nombre de los más nobles ideales. A partir de estas premisas, escribí Ofendidos y censores con la confianza de analizar un momento histórico ya superado, pero el presente me ha recordado que la difamación y la intolerancia nunca desaparecen. Incluso pueden contar con un reconocimiento judicial para negar lo documentado acerca del pasado más trágico en términos de libertad de expresión, cuando decenas de periodistas y escritores fueron procesados en consejos de guerra por ejercerla en defensa o en convivencia con el régimen republicano.
Este episodio vivido en primera persona espero contarlo con humor retrospectivo para no caer en el victimismo lacrimógeno y recordando, a modo de referencia, lo sucedido el 6 de marzo de 1978 en el consejo de guerra de La torna, cuando los militares presentes –el tribunal, el fiscal y el defensor– tenían una circunstancia común: no habían visto una obra de la que tampoco disponían de grabaciones (La Vanguardia, 7.3.1978). Al final, la condena a varios miembros de Els Joglars la basaron en un programa de mano cuyas notas debían ser corroboradas por los testigos de la acusación, que a su vez hablaban a partir de lo comentado por unos espectadores que asistieron a las representaciones (Fig. 12). Paco Candel, presente en la sala, lo contó así:
Siete hombres que no habían presenciado una obra teatral tenían que juzgarla; no la habían visto, pero tenían un informe de otra persona que tampoco la había visto, aunque había tomado declaración a otras personas que sí. ¿Personas elegidas al azar? En aquel momento interrogaban al teniente de la Guardia Civil señor Lara. Eran unas personas, dijo, que le inspiraban confianza “por los cargos que ostentaban”, pero no dio tales nombres porque se trataba de algo confidencial (Ofendidos y censores, p. 165).
La singularidad de la situación recuerda lo visto en los consejos de guerra de periodistas y escritores que analizo en los volúmenes de una trilogía publicada por Renacimiento y la Universidad de Alicante. La misma singularidad no fue menor en el juzgado que procesó a Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán cuando, en enero de 1975, comparecieron por una denuncia a raíz de publicar al alimón una versión erótica del cuento de Caperucita, la “roja”. El juez, con la seriedad debida, les preguntó quién era el lobo y quién escribió en nombre de una jovenzuela que, con las hormonas desatadas, se merendó al susodicho.
La cuestión planteada en el interrogatorio no quedó resuelta. La duda motivó el consiguiente archivo tras pasar el mal trago de la declaración en sede judicial. Al cabo de las décadas, ese juez habrá comprobado que la pregunta estaba destinada al anecdotario del fracaso de quienes, sin el apoyo de una dictadura, pretenden limitar la libertad de expresión y creación, aunque por el camino hagan sufrir a las víctimas de procesos tan absurdos como innecesarios. Y, sobre todo, provoquen silencios precavidos porque nadie quiere acabar demandado ante un juez dispuesto a hacer preguntas o valoraciones que desconocen el proceso creativo de una obra literaria, teatral o de investigación académica.
Al margen de los limitados efectos a corto plazo, estas actuaciones censoras continúan en democracia porque la reacción en contra se circunscribe a las minorías irreductibles de los abajo firmantes, en el peor de los casos apenas supondrían un hipotético coste electoral en las propias filas y, sobre todo, representan un aviso para caminantes que casi nunca resulta ignorado en los medios de las artes escénicas. El éxito de los censores de nuevo cuño no radica en las prohibiciones puntuales, sino en crear un clima de temor o incomodidad en donde los creadores, las productoras, las compañías, los programadores… deben moverse con la lógica precaución.
Las razones para mantener esa precavida actitud abundan. De las noticias arriba indicadas apenas se derivaron consecuencias prácticas. Incluso algunas obras alcanzaron mayor nombradía por haber sido temporalmente censuradas. No obstante, ese goteo censor cala en la mente de los citados profesionales. Al final, hay proyectos olvidados o postergados, tratamientos ajenos a cualquier posible provocación y una comprensible voluntad de evitar problemas. Los mismos no suelen acarrear cárcel o multas inasumibles tras casi cincuenta años de democracia, pero dificultan la trayectoria profesional de quienes se dedican a las artes escénicas. Ahí radica el verdadero éxito de quienes censuran sin voluntad aparente de ser censores: delimitan el marco de la libertad de expresión con la conciencia de que los creadores dispuestos a ampliarlo, asumiendo el consiguiente riesgo, forman una minoría. El resto se amolda sin necesidad de pasar por una consciente autocensura.
Si estas circunstancias que afectan a la libertad de expresión y creación artística todavía son habituales tras tantos años de democracia, resulta fácil imaginar el calvario que las artes escénicas sufrieron durante la Transición en el caso de apostar por la heterodoxia o la innovación transgresora en algún aspecto conflictivo. Ofendidos y censores analiza varios ejemplos menores, de los olvidados por su pequeñez, pero que resultan significativos en el marco de una lucha por las libertades con protagonistas tan múltiples como a veces inesperados. Frente a ellos, el poder ejecutivo tuvo numerosas actuaciones coercitivas por una impronta autoritaria cuyo origen parece fácil de establecer. No obstante, el verdadero problema residía en el judicial, donde hubo avances para acomodarse a la evolución de los tiempos. Negarlo sería absurdo, pero en los juzgados la libertad de expresión todavía gozaba de un margen estrecho que fue preciso ensanchar afrontando el riesgo de procesos, condenas y multas capaces de quebrar voluntades creativas. Al menos, cabía rescatar la memoria de quienes padecieron esa persecución judicial por motivos que ahora, al cabo de unas pocas décadas, nos asombran porque preferimos imaginar un pasado menos negro.
El consejo de guerra de Els Joglars
El 1 de septiembre de 2005, Albert Boadella estrenó La torna de La Torna en el teatro Romea de Barcelona, tras algunas representaciones iniciadas el 25 de junio en Reus. La elección de la localidad tarraconense no fue casual, pues allí comenzaron en noviembre de 1977 las actuaciones judiciales que culminarían en un consejo de guerra capaz de marcar un hito en la lucha por la libertad de expresión durante la Transición. La obra interpretada por alumnos del Institut del Teatre, junto con algunos profesionales, permaneció sin problemas durante varias semanas en la cartelera de la capital catalana y poco después inició una gira, que finalizó el 4 de junio de 2006. El balance quedó registrado con la letra menuda de tantas puestas en escena. Ahora podemos ver una grabación de aquellas representaciones en el catálogo del Centro de Documentación Teatral, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura. El material audiovisual está a disposición de los investigadores y docentes relacionados con la historia del teatro, que también pueden consultar el archivo de los actores Ferrán Rañé y Andreu Solsona. El mismo fue cedido en 2017 al Institut del Teatre para su digitalización y consulta por parte de los interesados en el procesamiento de los miembros de Els Joglars. La Transición, a estas alturas, ya forma parte de las materias históricas con sus correspondientes archivos y fuentes documentales (Fig. 10).
El tiempo modifica la percepción de cualquier acontecimiento del pasado. Al estudiar en Ofendidos y censores el consejo de guerra por las representaciones de La torna, una obra que apenas me interesó cuando la vi antes de su prohibición en otra región militar, el asombro se mezcló con lo absurdo y hasta estrafalario. La consiguiente sensación de extrañeza se repitió en otros episodios de aquella lucha por la libertad de expresión analizada en el citado libro. El mismo Albert Boadella junto con Els Joglars protagonizó un larguísimo periplo judicial con motivo de las denuncias presentadas a raíz de las representaciones de Teledeum (1983), que tampoco me interesó como espectador (Fig. 11). Al igual que sucediera con el consejo de guerra, su crónica pronto deriva en un episodio berlanguiano donde la participación de Rafael Azcona parece imprescindible.
La impronta berlanguiana también caracteriza el análisis de las historias de un fiscal general del Estado empeñado en perseguir a unas deslenguadas muchachas vascas, un juez dispuesto a prohibir un documental sobre el Rocío porque un testigo recuerda la represión de la posguerra, unos militares incapaces de asumir que el proceso por el crimen de Cuenca fue un bochornoso fiasco, unos concejales ofendidos por la existencia de un “libro rojo del cole” en las bibliotecas madrileñas, un Tribunal Supremo puntilloso en su jurisprudencia sobre la aparición del bikini en las portadas de las revistas… Y así hasta completar el conjunto de episodios analizados en un libro cuya redacción requirió el conocimiento de conflictos que, al cabo de los años, parecen absurdos, innecesarios y hasta risibles, como el protagonizado por un policía local que retiró de un escaparate la imagen de la maja goyesca para que no provocara reacciones libidinosas entre la juventud cacereña.
El problema radica en que lo absurdo, para algunos, resultó trágico o dramático. La prueba está en las víctimas de las bombas estalladas en las sedes de distintos medios de comunicación y librerías, la pareja adolescente procesada por escandalizar a un juez con sus “efusiones eróticas” que terminaron con el suicidio del muchacho encarcelado, el joven asesinado por no llevar corbata en un baile municipal, los intérpretes encarcelados por recrear en los escenarios una barbarie –la ejecución de Heinz Chez– corroborada por los historiadores, la vedette procesada y multada por exhibir su cuerpo para reivindicar una sexualidad desinhibida, los periodistas encarcelados por trasladar a la prensa lo sucedido en la calle… La lista de las víctimas de aquella lucha por la libertad de expresión en diferentes ámbitos no admite bromas, aunque el recuerdo de los conflictos precise del humor y la ironía para evitar el absurdo de quienes hicieron alardes de autoritarismo e intolerancia con el objetivo de limitar la libertad en la naciente democracia. El general Franco había fallecido en 1975, pero el franquismo seguía vivo una década después.
Frente a la censura, sea la legal respaldada por una dictadura o la tácita mantenida con diversas coartadas legales y administrativas, solo cabe la denuncia del autoritarismo y, por el contrario, la práctica de la tolerancia, que nunca prevé la posibilidad de sentirse ofendido para actuar a continuación como un censor. Esta opción supone un error, aunque se actúe en nombre de los más nobles ideales. A partir de estas premisas, escribí Ofendidos y censores con la confianza de analizar un momento histórico ya superado, pero el presente me ha recordado que la difamación y la intolerancia nunca desaparecen. Incluso pueden contar con un reconocimiento judicial para negar lo documentado acerca del pasado más trágico en términos de libertad de expresión, cuando decenas de periodistas y escritores fueron procesados en consejos de guerra por ejercerla en defensa o en convivencia con el régimen republicano.
Este episodio vivido en primera persona espero contarlo con humor retrospectivo para no caer en el victimismo lacrimógeno y recordando, a modo de referencia, lo sucedido el 6 de marzo de 1978 en el consejo de guerra de La torna, cuando los militares presentes –el tribunal, el fiscal y el defensor– tenían una circunstancia común: no habían visto una obra de la que tampoco disponían de grabaciones (La Vanguardia, 7.3.1978). Al final, la condena a varios miembros de Els Joglars la basaron en un programa de mano cuyas notas debían ser corroboradas por los testigos de la acusación, que a su vez hablaban a partir de lo comentado por unos espectadores que asistieron a las representaciones (Fig. 12). Paco Candel, presente en la sala, lo contó así:
Siete hombres que no habían presenciado una obra teatral tenían que juzgarla; no la habían visto, pero tenían un informe de otra persona que tampoco la había visto, aunque había tomado declaración a otras personas que sí. ¿Personas elegidas al azar? En aquel momento interrogaban al teniente de la Guardia Civil señor Lara. Eran unas personas, dijo, que le inspiraban confianza “por los cargos que ostentaban”, pero no dio tales nombres porque se trataba de algo confidencial (Ofendidos y censores, p. 165).
La singularidad de la situación recuerda lo visto en los consejos de guerra de periodistas y escritores que analizo en los volúmenes de una trilogía publicada por Renacimiento y la Universidad de Alicante. La misma singularidad no fue menor en el juzgado que procesó a Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán cuando, en enero de 1975, comparecieron por una denuncia a raíz de publicar al alimón una versión erótica del cuento de Caperucita, la “roja”. El juez, con la seriedad debida, les preguntó quién era el lobo y quién escribió en nombre de una jovenzuela que, con las hormonas desatadas, se merendó al susodicho.
La cuestión planteada en el interrogatorio no quedó resuelta. La duda motivó el consiguiente archivo tras pasar el mal trago de la declaración en sede judicial. Al cabo de las décadas, ese juez habrá comprobado que la pregunta estaba destinada al anecdotario del fracaso de quienes, sin el apoyo de una dictadura, pretenden limitar la libertad de expresión y creación, aunque por el camino hagan sufrir a las víctimas de procesos tan absurdos como innecesarios. Y, sobre todo, provoquen silencios precavidos porque nadie quiere acabar demandado ante un juez dispuesto a hacer preguntas o valoraciones que desconocen el proceso creativo de una obra literaria, teatral o de investigación académica.