La censura teatral en democracia y otras censuras
Juan A. Ríos Carratalá
Página 3
El caso de los espectáculos y los consultorios de Susana Estrada llegó en reiteradas ocasiones al Tribunal Supremo, que por aquellas fechas todavía dictaba sentencias sobre la oportunidad o no de publicar portadas con mujeres en bikini. La circunstancia judicial dista de ser un fenómeno aislado. La razón es obvia: en buena medida, la lucha por la libertad de expresión y creación artística durante la etapa posterior a la Constitución encontró un tremendo obstáculo en la pervivencia del delito de “escándalo público”, siempre sujeto a la percepción subjetiva de la judicatura y utilizado preferentemente por los censores con toga durante la década de los ochenta.
Los primeros gobiernos de Felipe González tenían otras urgencias en su limitado desmantelamiento del franquismo legislativo y judicial. Aquellos felipistas ahora añorantes de una Transición que consideran una obra tan propia como cerrada, olvidaron que la supresión del escándalo público como delito era un imperativo para garantizar la libertad de expresión. Incluso, en el colmo de la incongruencia con el texto constitucional, en el caso de Las Vulpes lo utilizaron a través de la Fiscalía General del Estado en la primavera de 1983 porque quienes ocupaban el poder ejecutivo compartían mentalidades preconstitucionales en determinados temas o necesitadas de un aggiornamento (Fig. 4).
Una mirada desde el presente
A principios de julio de 2023, los lectores de la prensa nacional supimos que unos concejales de Vox reclamaron la interrupción de las representaciones de La villana de Getafe, de Lope de Vega, que un grupo de vecinos y aficionados con patrocinio municipal estaban llevando a cabo en la localidad madrileña del título (El Mundo y Público, 4.8.2023) (Fig. 5). El motivo no era el autor o el texto de la comedia aurea, sino la presencia en el escenario de “un falo y una vulva de considerable tamaño”. Las fotos publicadas en la prensa atestiguan esa última circunstancia. Y, por supuesto, sabemos que dichos elementos escenográficos no estaban previstos por quien en su época hizo alardes de sensualidad, pero nunca pudo ser tan explícito con lo dispuesto en un corral de comedias. Tras la consiguiente polémica, el empeño teatral de los vecinos quedó paralizado y no me consta que la iniciativa haya cuajado para incorporarse a la nómina de representaciones populares de los clásicos del Siglo de Oro, que tantos éxitos han cosechado en localidades como Zalamea, Fuente Ovejuna u Olmedo. Una lástima, porque la divertida comedia de Lope de Vega lo merecía.
Por esas mismas fechas, como si de un sarpullido se tratara, aparecieron en la prensa nacional noticias similares derivadas de las elecciones municipales celebradas en la primavera de 2023. La prevista representación de Orlando, de Virginia Woolf, a cargo de la compañía TeatroDefondo fue cancelada en la localidad madrileña de Valdemorillo por la relación de la obra con una homosexualidad que a estas alturas creíamos normalizada (El Mundo, 28.6.2023) (Fig. 6). En el municipio cántabro de Bezana sucedió algo parecido con la proyección de una película infantil protagonizada por Buzz Lightyear donde se incluía un fugaz beso lésbico, que seguramente pasaría desapercibido para los propios chavales (La Vanguardia, 3.7.2023). Alberto Conejero, autor de El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, supo que su apreciada obra no se podía representar donde más sentido tenía, en Briviesca (Burgos), por “problemas técnicos” de difícil justificación (El País, 4.07.2023 y 5.10.2023) (Fig. 7). Otros dramaturgos y actrices, como Paco Bezerra y Ann Perelló, también sufrieron las consecuencias de esos problemas con las autoridades locales o autonómicas. Cuando su índole resultaba poco verosímil, los impedimentos quedaban sustituidos por las cuestiones presupuestarias o contractuales, que son tan sufridas como el propio papel donde quedan estampadas.
Lo sucedido durante el verano de 2023, al margen de su previsible utilización en un clima de disputa electoral, se podría completar con otras noticias similares, que en una democracia consolidada tuvieron antecedentes tan llamativos como la detención y el encarcelamiento de Alfonso Lázaro y Raúl García, los titiriteros de la compañía Títeres desde abajo, en febrero de 2016 por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. La obra representada en el madrileño barrio de Tetuán era, a tenor de las descripciones leídas, inadecuada para un público infantil. No obstante, este error de los programadores no merecía una pena de cárcel para los titiriteros, que acabaron indemnizados por los insultos de la prensa (El Diario, 13.10.2022). El positivo desenlace de este episodio (El País, 14.9.2016) con reacciones desmesuradas desde la judicatura debiera invitar a la reflexión acerca de la libertad de expresión, que incluye la posibilidad de manifestar o presenciar lo que nos incomoda u ofende (Fig. 8). Un expediente habría aclarado lo sucedido a la espera de depurar posibles responsabilidades políticas o administrativas, pero hubo quien optó por encarcelar a los protagonistas del episodio antes de conocer el verdadero alcance de lo representado. La puesta en libertad de los titiriteros, el archivo definitivo del caso por parte de la Audiencia Nacional y la indemnización por los insultos recibidos, cuatro mil euros, no compensarían la angustia de cinco días en la cárcel y varios meses pendientes de la justicia por haber puesto en escena una obra de títeres, con independencia de lo afortunada o no que fuera la misma.
Algo similar cabe decir acerca de lo sucedido el 8 de marzo de 2013 en Málaga con la denominada procesión del “santo chumino rebelde”, que por las descripciones leídas podríamos relacionar con una performance del teatro de calle (Público, 14.10.2020). La portadora del susodicho chumino de considerables dimensiones fue condenada a una multa de 2.700 euros (El Diario, 24.11.2020). Al margen de las cuestiones relacionadas con el buen gusto o la ofensa a determinados sentimientos, siempre más protegidos legalmente que sus antagónicos, la judicialización de estas manifestaciones supone una muestra de autoritarismo e inmadurez democrática relacionada con la libertad de expresión y de creación artística.
La provocación puede resultar molesta. También innecesaria e inoportuna, pero quienes la sufrimos todos los años viendo, en la misma Málaga y a modo de ejemplo, a los viriles protagonistas militares de unas procesiones con el máximo respaldo oficial, sabemos que estas cuestiones solo merecen la crítica o la indiferencia de los tolerantes con la libertad de los demás. La cultura de la cancelación guarda demasiadas semejanzas con la práctica de la censura.
La crónica de estos episodios contra la libertad de expresión relacionada con las artes escénicas y acaecidos en el marco de una democracia consolidada abarca otros muchos ejemplos, que no siempre cuentan con una repercusión mediática. En el caso de poder recopilarlos en su totalidad la crónica sería más completa, pero el denominador común parece evidente a partir de unos pocos ejemplos sucedidos en el verano de 2023.
La coalición PP-Vox que por entonces accedió a numerosos gobiernos municipales delimitó el campo de actuación de cara a la política cultural del futuro y las omnipresentes “guerras culturales” de una sociedad polarizada. La actuación política más o menos coordinada siempre tuvo lugar en localidades ajenas a las grandes capitales para evitar la incomodidad de algunos medios de comunicación o la posible contestación de grupos organizados. Sus protagonistas fueron representantes secundarios de los citados partidos, los concejales de tantas salidas de tono, y sin aparecer nunca en público con una explícita voluntad de censurar. Puestos a imaginar coartadas para los comunicados de prensa, siempre habría algún niño traumatizado ante la contemplación de una vulva de cartón piedra, un patio sin las oportunas medidas de seguridad o un presupuesto recortado por necesidades más perentorias que recordar a Santa Teresa de Jesús o a un maestro republicano empeñado en ver el mar con su alumnado del interior. Y, si todo esto no bastara, una pancarta a descifrar puede ser la antesala de una temporada en la cárcel tras haber representado una obra de títeres. Una vez descifrada, nadie se sintió obligado a reconsiderar sus decisiones judiciales o a pedir disculpas por haberlas jaleado en la prensa.
Aquel sarpullido del verano de 2023 no parece haber tenido continuidad, al menos noticiosa, ni haber ido a más. La impresión es la contraria, aunque a veces los lectores nos sorprendamos con noticias que informan de la cancelación, en plena actuación, de obras incorporadas al canon de lo clásico como Lisístrata. Lo publicado dio cuenta de la airada reacción de una concejala de Linares (El País, 16.3.2025), que alegaba las excesivas y deslenguadas libertades tomadas en la versión actualizada de la comedia de Aristófanes (Fig. 9). La escandalizada señora debió ignorar que, desde hace mucho tiempo, la huelga de sexo protagonizada por aquellas mujeres atenienses siempre aparece en el escenario gracias no solo a una versión actualizada, sino también libérrima. Descartada en la concejala una voluntad filológica de permanecer fiel a la literalidad del comediógrafo, solo cabe pensar en una demostración de ignorancia, que suele ser un rasgo identificativo de quienes en nombre de la ofensa se comportan como censores, aunque nunca lo reconozcan.
Estas salpicaduras de la censura sin respaldo legal continúan en otras manifestaciones culturales, donde apenas sorprende que un concejal de la localidad valenciana de Burriana decida la retirada de libros de una biblioteca municipal por su temática relacionada con las distintas identidades sexuales. El supuesto motivo es que estaban al alcance de los lectores escolares (ABC, 27. 9.2023). O, incluso, la prohibición por orden de la alcaldesa de Santa Marta de los Barros (Badajoz) de utilizar en el cementerio de la localidad flores con los colores republicanos para recordar a quienes fueron asesinados, ya es casualidad, por su condición de republicanos (El Salto, 14. 4.2025).
Si observamos estas noticias de forma inconexa o anecdótica, como sacadas de un Celtiberia Show en la línea del cultivado por Luis Carandell durante el franquismo, el balance para quienes las originan con sus decisiones parece negativo. La figura del censor apenas cuenta con apoyos explícitos en los medios de comunicación conservadores o reaccionarios y, por el contrario, afronta un alud de críticas en los rivales de orientación progresista. Incluso el texto o el autor censurado vive un momento de popularidad compatible con el de víctima.
La censura, para que resulte verdaderamente efectiva, requiere un estado dictatorial capaz de controlar la totalidad de los medios de comunicación. Si la premisa se incumple, lo que es o aparenta ser fruto de la censura acaba sufriendo las consecuencias del “efecto Streisand”. Este bumerang tantas veces ejemplificado debiera desanimar a quienes prohíben, cancelan, marginan… en nombre de las más peregrinas razones. Nunca serán esgrimidas por los líderes de sus partidos para evitar el descrédito, mientras estos políticos se benefician del miedo infundido por quienes, en su condición de subordinados o meritorios, realizan una labor propia de concejales anónimos.
El caso de los espectáculos y los consultorios de Susana Estrada llegó en reiteradas ocasiones al Tribunal Supremo, que por aquellas fechas todavía dictaba sentencias sobre la oportunidad o no de publicar portadas con mujeres en bikini. La circunstancia judicial dista de ser un fenómeno aislado. La razón es obvia: en buena medida, la lucha por la libertad de expresión y creación artística durante la etapa posterior a la Constitución encontró un tremendo obstáculo en la pervivencia del delito de “escándalo público”, siempre sujeto a la percepción subjetiva de la judicatura y utilizado preferentemente por los censores con toga durante la década de los ochenta.
Los primeros gobiernos de Felipe González tenían otras urgencias en su limitado desmantelamiento del franquismo legislativo y judicial. Aquellos felipistas ahora añorantes de una Transición que consideran una obra tan propia como cerrada, olvidaron que la supresión del escándalo público como delito era un imperativo para garantizar la libertad de expresión. Incluso, en el colmo de la incongruencia con el texto constitucional, en el caso de Las Vulpes lo utilizaron a través de la Fiscalía General del Estado en la primavera de 1983 porque quienes ocupaban el poder ejecutivo compartían mentalidades preconstitucionales en determinados temas o necesitadas de un aggiornamento (Fig. 4).
Una mirada desde el presente
A principios de julio de 2023, los lectores de la prensa nacional supimos que unos concejales de Vox reclamaron la interrupción de las representaciones de La villana de Getafe, de Lope de Vega, que un grupo de vecinos y aficionados con patrocinio municipal estaban llevando a cabo en la localidad madrileña del título (El Mundo y Público, 4.8.2023) (Fig. 5). El motivo no era el autor o el texto de la comedia aurea, sino la presencia en el escenario de “un falo y una vulva de considerable tamaño”. Las fotos publicadas en la prensa atestiguan esa última circunstancia. Y, por supuesto, sabemos que dichos elementos escenográficos no estaban previstos por quien en su época hizo alardes de sensualidad, pero nunca pudo ser tan explícito con lo dispuesto en un corral de comedias. Tras la consiguiente polémica, el empeño teatral de los vecinos quedó paralizado y no me consta que la iniciativa haya cuajado para incorporarse a la nómina de representaciones populares de los clásicos del Siglo de Oro, que tantos éxitos han cosechado en localidades como Zalamea, Fuente Ovejuna u Olmedo. Una lástima, porque la divertida comedia de Lope de Vega lo merecía.
Por esas mismas fechas, como si de un sarpullido se tratara, aparecieron en la prensa nacional noticias similares derivadas de las elecciones municipales celebradas en la primavera de 2023. La prevista representación de Orlando, de Virginia Woolf, a cargo de la compañía TeatroDefondo fue cancelada en la localidad madrileña de Valdemorillo por la relación de la obra con una homosexualidad que a estas alturas creíamos normalizada (El Mundo, 28.6.2023) (Fig. 6). En el municipio cántabro de Bezana sucedió algo parecido con la proyección de una película infantil protagonizada por Buzz Lightyear donde se incluía un fugaz beso lésbico, que seguramente pasaría desapercibido para los propios chavales (La Vanguardia, 3.7.2023). Alberto Conejero, autor de El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, supo que su apreciada obra no se podía representar donde más sentido tenía, en Briviesca (Burgos), por “problemas técnicos” de difícil justificación (El País, 4.07.2023 y 5.10.2023) (Fig. 7). Otros dramaturgos y actrices, como Paco Bezerra y Ann Perelló, también sufrieron las consecuencias de esos problemas con las autoridades locales o autonómicas. Cuando su índole resultaba poco verosímil, los impedimentos quedaban sustituidos por las cuestiones presupuestarias o contractuales, que son tan sufridas como el propio papel donde quedan estampadas.
Lo sucedido durante el verano de 2023, al margen de su previsible utilización en un clima de disputa electoral, se podría completar con otras noticias similares, que en una democracia consolidada tuvieron antecedentes tan llamativos como la detención y el encarcelamiento de Alfonso Lázaro y Raúl García, los titiriteros de la compañía Títeres desde abajo, en febrero de 2016 por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. La obra representada en el madrileño barrio de Tetuán era, a tenor de las descripciones leídas, inadecuada para un público infantil. No obstante, este error de los programadores no merecía una pena de cárcel para los titiriteros, que acabaron indemnizados por los insultos de la prensa (El Diario, 13.10.2022). El positivo desenlace de este episodio (El País, 14.9.2016) con reacciones desmesuradas desde la judicatura debiera invitar a la reflexión acerca de la libertad de expresión, que incluye la posibilidad de manifestar o presenciar lo que nos incomoda u ofende (Fig. 8). Un expediente habría aclarado lo sucedido a la espera de depurar posibles responsabilidades políticas o administrativas, pero hubo quien optó por encarcelar a los protagonistas del episodio antes de conocer el verdadero alcance de lo representado. La puesta en libertad de los titiriteros, el archivo definitivo del caso por parte de la Audiencia Nacional y la indemnización por los insultos recibidos, cuatro mil euros, no compensarían la angustia de cinco días en la cárcel y varios meses pendientes de la justicia por haber puesto en escena una obra de títeres, con independencia de lo afortunada o no que fuera la misma.
Algo similar cabe decir acerca de lo sucedido el 8 de marzo de 2013 en Málaga con la denominada procesión del “santo chumino rebelde”, que por las descripciones leídas podríamos relacionar con una performance del teatro de calle (Público, 14.10.2020). La portadora del susodicho chumino de considerables dimensiones fue condenada a una multa de 2.700 euros (El Diario, 24.11.2020). Al margen de las cuestiones relacionadas con el buen gusto o la ofensa a determinados sentimientos, siempre más protegidos legalmente que sus antagónicos, la judicialización de estas manifestaciones supone una muestra de autoritarismo e inmadurez democrática relacionada con la libertad de expresión y de creación artística.
La provocación puede resultar molesta. También innecesaria e inoportuna, pero quienes la sufrimos todos los años viendo, en la misma Málaga y a modo de ejemplo, a los viriles protagonistas militares de unas procesiones con el máximo respaldo oficial, sabemos que estas cuestiones solo merecen la crítica o la indiferencia de los tolerantes con la libertad de los demás. La cultura de la cancelación guarda demasiadas semejanzas con la práctica de la censura.
La crónica de estos episodios contra la libertad de expresión relacionada con las artes escénicas y acaecidos en el marco de una democracia consolidada abarca otros muchos ejemplos, que no siempre cuentan con una repercusión mediática. En el caso de poder recopilarlos en su totalidad la crónica sería más completa, pero el denominador común parece evidente a partir de unos pocos ejemplos sucedidos en el verano de 2023.
La coalición PP-Vox que por entonces accedió a numerosos gobiernos municipales delimitó el campo de actuación de cara a la política cultural del futuro y las omnipresentes “guerras culturales” de una sociedad polarizada. La actuación política más o menos coordinada siempre tuvo lugar en localidades ajenas a las grandes capitales para evitar la incomodidad de algunos medios de comunicación o la posible contestación de grupos organizados. Sus protagonistas fueron representantes secundarios de los citados partidos, los concejales de tantas salidas de tono, y sin aparecer nunca en público con una explícita voluntad de censurar. Puestos a imaginar coartadas para los comunicados de prensa, siempre habría algún niño traumatizado ante la contemplación de una vulva de cartón piedra, un patio sin las oportunas medidas de seguridad o un presupuesto recortado por necesidades más perentorias que recordar a Santa Teresa de Jesús o a un maestro republicano empeñado en ver el mar con su alumnado del interior. Y, si todo esto no bastara, una pancarta a descifrar puede ser la antesala de una temporada en la cárcel tras haber representado una obra de títeres. Una vez descifrada, nadie se sintió obligado a reconsiderar sus decisiones judiciales o a pedir disculpas por haberlas jaleado en la prensa.
Aquel sarpullido del verano de 2023 no parece haber tenido continuidad, al menos noticiosa, ni haber ido a más. La impresión es la contraria, aunque a veces los lectores nos sorprendamos con noticias que informan de la cancelación, en plena actuación, de obras incorporadas al canon de lo clásico como Lisístrata. Lo publicado dio cuenta de la airada reacción de una concejala de Linares (El País, 16.3.2025), que alegaba las excesivas y deslenguadas libertades tomadas en la versión actualizada de la comedia de Aristófanes (Fig. 9). La escandalizada señora debió ignorar que, desde hace mucho tiempo, la huelga de sexo protagonizada por aquellas mujeres atenienses siempre aparece en el escenario gracias no solo a una versión actualizada, sino también libérrima. Descartada en la concejala una voluntad filológica de permanecer fiel a la literalidad del comediógrafo, solo cabe pensar en una demostración de ignorancia, que suele ser un rasgo identificativo de quienes en nombre de la ofensa se comportan como censores, aunque nunca lo reconozcan.
Estas salpicaduras de la censura sin respaldo legal continúan en otras manifestaciones culturales, donde apenas sorprende que un concejal de la localidad valenciana de Burriana decida la retirada de libros de una biblioteca municipal por su temática relacionada con las distintas identidades sexuales. El supuesto motivo es que estaban al alcance de los lectores escolares (ABC, 27. 9.2023). O, incluso, la prohibición por orden de la alcaldesa de Santa Marta de los Barros (Badajoz) de utilizar en el cementerio de la localidad flores con los colores republicanos para recordar a quienes fueron asesinados, ya es casualidad, por su condición de republicanos (El Salto, 14. 4.2025).
Si observamos estas noticias de forma inconexa o anecdótica, como sacadas de un Celtiberia Show en la línea del cultivado por Luis Carandell durante el franquismo, el balance para quienes las originan con sus decisiones parece negativo. La figura del censor apenas cuenta con apoyos explícitos en los medios de comunicación conservadores o reaccionarios y, por el contrario, afronta un alud de críticas en los rivales de orientación progresista. Incluso el texto o el autor censurado vive un momento de popularidad compatible con el de víctima.
La censura, para que resulte verdaderamente efectiva, requiere un estado dictatorial capaz de controlar la totalidad de los medios de comunicación. Si la premisa se incumple, lo que es o aparenta ser fruto de la censura acaba sufriendo las consecuencias del “efecto Streisand”. Este bumerang tantas veces ejemplificado debiera desanimar a quienes prohíben, cancelan, marginan… en nombre de las más peregrinas razones. Nunca serán esgrimidas por los líderes de sus partidos para evitar el descrédito, mientras estos políticos se benefician del miedo infundido por quienes, en su condición de subordinados o meritorios, realizan una labor propia de concejales anónimos.